El 17 de noviembre de 1821 el gobierno provisional de la república expidió un decreto en el que convocaba a elecciones de diputados para el Congreso, que comenzó sus sesiones el 24 de febrero de 1822. Se llegó al acuerdo de establecer la religión católica como oficial y única tolerada, y de dividir el gobierno en tres poderes; sin embargo, los diputados se dividían en republicanos y monárquicos, y entre los últimos existían dos facciones: iturbidistas, partidarios de Agustín de Iturbide, y borbonistas, deseosos de ser gobernados por un príncipe español.
El 18 de mayo de 1822 el sargento Pío Marcha encabezó una rebelión cuyo fin era llevar a Iturbide a la corona imperial. El Congreso, presionado, decidió aceptar la propuesta y coronó a Iturbide como Agustín I el 21 de julio.
Sin embargo, el poder legislativo ya tenía serios problemas con el emperador, quien mandó disolverlo el 31 de octubre. Iturbide era ahora monarca absoluto, lo que aunado a la pésima situación socioeconómica del país le granjeó serios enemigos, como los viejos insurgentes. El 1 de febrero de 1823 Antonio López de Santa Anna lanzó el Plan de Casa Mata que desconocía a Iturbide. Las tropas imperiales del general José Antonio de Echávarri, aunque eran superiores a los rebeldes, decidieron pactar con ellos. Iturbide abdicó el 19 de marzo de 1823 y se exilió, aunque volvió un año más tarde y el Congreso lo sentenció a morir fusilado.
Un nuevo gobierno encabezado por Pedro Celestino Negrete, Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo se encargó de lanzar la convocatoria al Congreso Constituyente, cuyos trabajos iniciaron el 7 de noviembre con 99 diputados. El federalismo y el centralismo eran las principales posturas políticas, defendidas por Miguel Ramos Arizpe y Lucas Alamán, respectivamente. La Constitución del 4 de octubre de 1824 consagraba el federalismo, la división de poderes, la religión católica, los fueros clericales y militares y las garantías individuales.
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